En una decisión que transforma drásticamente el panorama educativo de Florida, la Junta Estatal de Educación aprobó una nueva regla que prohíbe la admisión de estudiantes indocumentados en cualquiera de los 28 community colleges públicos del estado.
A partir de ahora, los aspirantes deberán demostrar su ciudadanía estadounidense o su permanencia legal en el país para poder ser inscritos.
La medida fue aprobada con seis votos a favor y uno en contra, revirtiendo una política de años que permitía a los jóvenes indocumentados graduados de escuelas secundarias locales acceder a estas instituciones.
Una barrera para los “Dreamers”
Para miles de jóvenes inmigrantes que han crecido en el país, los community colleges representan la principal y, a veces, única puerta de entrada a la educación superior debido a sus costos accesibles.
Alexander Vallejos, un estudiante “Dreamer” de la Universidad Central de Florida que inició su camino académico en un colegio comunitario, recibió la noticia con profunda tristeza. “Cuando le quitas eso, le estás quitando prácticamente el único camino que tienen para ser exitosos. Gracias al state college tuve la oportunidad de ir a la universidad; cuando me gradué de la secundaria no tenía dinero ni ayuda”, relató.
Organizaciones civiles y activistas proinmigrantes han calificado la política como “discriminatoria y cruel”. Yareliz Méndez, coordinadora de políticas del American Friends Service Committee, lamentó el impacto en los estudiantes que actualmente cursan la secundaria: “Estos son muchachos que ya han pasado la mayoría de su vida aquí, se sienten americanos, son americanos. El estado ya ha invertido en ellos, ¿cómo es que ahora les quitamos la oportunidad de salir adelante?”.
Incertidumbre institucional y lo que viene
Las instituciones locales ya evalúan el impacto de la normativa. En la Florida Central, el Valencia College—donde la comunidad hispana representa una parte mayoritaria de la matrícula—emitió un comunicado informando que se encuentran revisando la norma aprobada para evaluar los cambios necesarios en sus políticas de admisión. No obstante, aclararon que cualquier cambio no afectará a los alumnos actuales ni a los nuevos estudiantes que ya tienen previsto inscribirse para el semestre de otoño.
A pesar de la aprobación de la junta, el proceso no ha cerrado por completo: se ha abierto un periodo de 14 días para que el público general pueda enviar sus comentarios y opiniones sobre la medida.
Universidades en la mira para el próximo año
La presión sobre la comunidad inmigrante podría intensificarse pronto. Tras no lograrse una legislación similar en la pasada sesión legislativa, la Junta de Gobernadores presentó una propuesta paralela que busca extender esta misma prohibición a las 12 universidades públicas del estado a partir de 2027. La decisión final sobre el futuro de las universidades estatales se tomará el próximo mes de septiembre.
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