Jacksonville, Fla. — Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3, una medida que amplía las exenciones de impuestos sobre la propiedad y podría representar un ahorro de miles de dólares para algunos propietarios. Sin embargo, los cambios no comenzarán a aplicarse hasta 2027 y también podrían tener consecuencias para los presupuestos de los gobiernos locales.
A partir del próximo mes de enero , la exención de impuestos sobre la propiedad destinados a servicios no escolares aumentará hasta los primeros $150,000 del valor tasado de la vivienda. En 2028, ese monto subirá a $250,000.
Según Joel González, asociado de bienes raíces, el cambio podría representar un ahorro significativo para los propietarios.
En una vivienda con un valor aproximado de $350,000, el ahorro estimado sería de alrededor de $1,150 en 2027 y podría alcanzar los $2,279 para 2028.
Para recibir este beneficio, los propietarios deberán cumplir con los requisitos de la exención Homestead, que aplica a quienes tienen su residencia permanente en Florida. Entre las condiciones se encuentra establecer esa residencia antes de que finalice este año.
González también destacó otro cambio relacionado con el límite al aumento anual del valor tasado de las propiedades, que, según explicó, pasaría del 10% al 5%. Esta disposición también podría beneficiar a propietarios de viviendas de inversión.
Sin embargo, los beneficios fiscales también generan preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en los servicios públicos, ya que una reducción en los ingresos por impuestos a la propiedad podría obligar a los gobiernos locales a ajustar sus presupuestos.
El doctor Matthew Corrigan, experto en ciencias políticas, señaló que muchos votantes vieron la medida como un alivio ante las dificultades del sector de la vivienda, pero advirtió que sus consecuencias podrían extenderse a toda la comunidad.
Corrigan explicó que los gobiernos locales podrían verse obligados a reducir sus gastos para compensar la disminución de ingresos, una decisión que tendría repercusiones en distintos servicios.
En Jacksonville, la alcaldesa Donna Deegan había advertido que la implementación de la medida podría afectar servicios como bibliotecas, parques, policía y bomberos.
Deegan señaló que la reducción representaría al menos una tercera parte del presupuesto discrecional de la ciudad, del que depende gran parte de los servicios municipales. También recordó que la ciudad debe cumplir con contratos vigentes y obligaciones financieras.
Su administración aseguró que ya había comenzado a evaluar posibles ajustes presupuestarios antes de las elecciones. La alcaldesa también cuestionó la posibilidad de reducir los ingresos de las ciudades sin establecer mecanismos para compensar esa pérdida.
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