Fla. — Las nuevas reglas administrativas para ampliar y estandarizar la recopilación de información migratoria en Florida están generando controversia, el instrumento legal está ahora mismo en la fase de recepción de comentarios públicos.
Entre las principales preocupaciones de las organizaciones de defensa de derechos civiles está el hecho de que una persona pueda terminar en una base de datos migratoria del estado simplemente porque un policía sospecha que es indocumentada, aunque no haya cometido ningún delito. La preocupación de expertos en materia migratoria y activistas pro inmigrantes, por igual, es quién controla que un instrumento legal como éste no se desvíe de su propósito inicial.
Vilerka Bilbao, abogada de inmigración, dijo que “va a ser mandatorio en los 67 condados en la Florida, más todas las otras organizaciones de policía en el estado, que son muchas, por ejemplo, las universidades van a tener que dar información de personas que son sospechosas de no tener documentación legal”. La línea entre las competencias del gobierno federal y las del gobierno estatal sería demasiado delgada, según la experta.
Además el acuerdo 287G, habría puesto en evidencia, según los activistas, cómo las actuaciones de las diferentes agencias se habrían salido de control. La activista María García dijo que ya la policía de Florida tenía un historial muy largo y documentado de perfilar, racialmente a personas de color.
Al aprobar las nuevas reglas, si un agente policial considera que una persona es sospechosa de estar ilegalmente en el país, puede reportar su nombre, fecha de nacimiento y país de origen, direcciones de residencia y trabajo, registro migratorio, fotos, información del vehículo, antecedentes y si su estatus fue verificado.
La abogada Bilbao cree que va a crear mucha incomodidad en la comunidad hispana, en la comunidad que no habla el inglés, por ejemplo, porque van a tener miedo a llamar a la policía para pedir ayuda, si esa información va a terminar en algún sistema de registro que pueda conllevar a una deportación.
Los grupos proinmigrantes trabajan para presentar una solicitud de audiencia para que sus voces sean escuchadas, el estado está en la obligación de programarla y anunciarla para escuchar todos los argumentos en contra de estas nuevas reglas antes de que sea aprobada. La información sobre cómo emitir un comentario público está disponible en este enlace.
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